Durante el inicio de 2018 comenzaban las preguntas y discusión entre analistas, empresarios, sociedad civil y academia respecto a tres elementos que marcarían el año que recién empezaba: la incertidumbre en los mercados generada por las rondas de renegociación del TLCAN, que se vislumbraban como interminables o sin una conclusión favorable ante las declaraciones del mandatario estadunidense y, por supuesto, la imposición arancelaria que se propuso sobre los aceros y aluminios al 25% y 10%, respectivamente; las elecciones presidenciales en puerta, visualizadas como las más complejas de los últimos periodos electorales; y temas de operatividad gubernamental con una fuerte presión en las finanzas públicas generados por el incremento en el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (Véase gráfico 1).
Continuando con el primer factor de incertidumbre, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, iniciadas desde 2017, no mostraban señales de avance, situación que puso en alerta a las autoridades económicas de nuestro país, las cuales, acompañadas por un equipo de asesoría técnica conformado por la iniciativa privada –entre los que destacaban Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial– y asesores de la Secretaría de Economía, trabajaron por lograr un acuerdo benéfico para México. No fue hasta el mes de octubre de 2018 y tras una última sesión álgida entre los Estados Unidos y Canadá que se logró un acuerdo trinacional que culminó el 30 de noviembre del año pasado con la firma de un nuevo acuerdo denominado USMCA, del cual destacaremos los siguientes avances:
- Conservación del capítulo 20 de resolución de controversias, que pretendía ser eliminado por Estados Unidos.
- Creación del mecanismo de salvaguardas globales, que permite a nuestro país defenderse de las tarifas impuestas bajo la sección 232 de seguridad nacional, como fue el caso del acero y aluminio.
- Soberanía en recursos energéticos.
- Inclusión de un capítulo exclusivo para la creación, aceleración y mejoramiento de mipymes.
- Inclusión de capítulos laborales y medioambientales.
- Garantía de la protección de las bebidas alcohólicas consideradas signos distintivos de México en el mercado estadounidense, como el tequila y el mezcal.
- Fortalecimiento y ampliación de la protección de los derechos de los trabajadores.
- Establecimiento de obligaciones claras para cooperar en el combate a la corrupción.
- Establecimiento de disciplinas que promuevan la transparencia e igualdad de oportunidades entre proveedores y mecanismos de revisión en los procedimientos de contratación pública.
Otro tema coyuntural y de gran impacto económico, político y social fueron las elecciones presidenciales en México, así como el cambio a un Gobierno federal con visión de política económica distinta a la Administración que recién concluyó en diciembre de 2018, Gobierno que comenzó a incidir de manera activa en la agenda nacional desde el momento en que se declaró su triunfo.
Entre otros factores, este cambio votado por los ciudadanos mexicanos se debe al descontento de los resultados obtenidos de los pasados Gobiernos, en los cuales la violencia aumentó en todo el país. La corrupción y la impunidad llegaron a niveles tales que estudios como el realizado por Transparencia Internacional sitúan al país en una muy vergonzosa primera posición en percepción de corrupción. Un aumento en el precio del dólar estadounidense provocó el encarecimiento de muchos bienes primarios y de lujo, como el precio de alimentos y vehículos, así como que el PIB per cápita medido en dólares disminuyera a causa de una ineficiente toma de decisiones en respuesta a eventos internos y externos que afectó directamente a la economía nacional. Y no hay que olvidar el aumento en el precio de los energéticos, originado por la implementación de una reforma que ha causado incertidumbre en el pueblo y que, si bien era necesaria porque estos productos estaban por debajo de su precio internacional debido a un subsidio gubernamental, se podía haber actuado de una forma menos agresiva.
Una vez pasadas las elecciones y con algunas declaraciones del Gobierno electo, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, la implementación de consultas, la eliminación de comisiones bancarias y de proyectos sin sustento técnico, se vislumbraba un panorama de incertidumbre económica. Ahora, ya como Gobierno en funciones, falta esperar los resultados en temas de estabilización macroeconómica; una mejor administración de energéticos, que reduzca su costo y por lo tanto su precio al consumidor; una igualdad social, que origine bienestar general y que esto permita reducir la violencia en el país; una austeridad en el Gobierno y el compromiso de eliminar la corrupción, con el propósito de tener mayores ingresos para destinarlos a programas sociales que nuevamente beneficien la igualdad social y generen desarrollo y competitividad en el país.
Los retos no son menores, y en este sentido, nuestra responsabilidad como ciudadanos debe ser mayor: participar de manera activa en las decisiones públicas de forma propositiva y adecuándonos a los cambios en los ciclos económicos que se vislumbran como un proceso de desaceleración mundial, en la que debemos apostar por el incremento de la productividad, la innovación, la industrialización, así como mejorar la educación y capacitación, tal y como lo anunció el economista turco Dani Rodrik en junio del año pasado.
Sin duda, la apuesta es por mejorar los indicadores macroeconómicos, generar bienestar, promover el crecimiento económico de manera equitativa; pero, sobre todo, por crear las condiciones que favorezcan un entorno competitivo para la atracción de inversiones y creación de más y mejores empresas para nuestro estado y para nuestro país, en un modelo donde trabajen en conjunto Gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y academia.