Durante la presente administración federal, en repetidas ocasiones, se ha expresado la intención de desaparecer algunas instituciones y organismos autónomos del país, argumentando que son costosos y que sus funciones podrían ser absorbidas por las Secretarías de Estado.
Dichas instituciones y órganos autónomos han logrado que México adquiera cierta madurez democrática y transparencia, así como actúan como contrapeso al poder federal. La postura del presidente ha generado controversia en el país, ya que muchos consideran que estas instituciones son necesarias para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno.
La supresión de estas instituciones y organismos representaría una amenaza para el equilibrio del Estado, con implicaciones negativas en términos democráticos y un perjuicio directo para los ciudadanos al restringir o incluso impedir su derecho a la defensa y acceso a la justicia. Este acto no solo debilitaría la separación de poderes, sino que también socavaría la capacidad de los ciudadanos para proteger sus derechos frente a posibles abusos por parte de las autoridades. Preservar la autonomía de dichos organismos e instituciones es esencial para garantizar un sistema que respete los principios fundamentales de equidad, democracia y protección de los derechos individuales. Entre las instituciones que han sido objeto de críticas por parte del presidente se encuentra la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), encargada de proteger los derechos de los contribuyentes. El presidente ha acusado que se utiliza a la Prodecon para que algunos evadan impuestos, cuestionando su autonomía y eficacia.
La Prodecon “es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, funcional y de gestión”. La creación de Prodecon en 2004, mediante la adición del artículo 18-B en el Código Fiscal de la Federación, marcó la instauración de este organismo dedicado a la protección y defensa de los contribuyentes; aunque la Ley Orgánica de Prodecon se promulgó en 2006, su validez fue objeto de impugnación por el Procurador General de la República, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2008, y finalmente, el 1 de septiembre de 2011, Prodecon inició operaciones.
Su objetivo es proteger los derechos de los contribuyentes y promover una cultura de cumplimiento fiscal en México; esto lo logra colaborando con los contribuyentes y el Estado, previniendo litigios y regularizando la recaudación de impuestos.
Ofrece de manera gratuita y eficiente servicios de orientación, asesoría, consulta, representación legal, defensa, investigación, recepción y gestión de quejas contra acciones de las autoridades fiscales federales que vulneren los derechos de los contribuyentes. Además, brinda la posibilidad de acuerdos conclusivos como una alternativa para resolver de manera anticipada y consensuada los desacuerdos entre las autoridades fiscales y los contribuyentes durante el ejercicio de las facultades de comprobación, o para regularizar la situación fiscal de los contribuyentes. Así mismo, promueve la cultura contributiva, propone ajustes a normativas y leyes, identifica y analiza problemas sistémicos, mantiene encuentros regulares con autoridades fiscales federales, interpreta disposiciones legales y emite recomendaciones, correcciones y sugerencias.
La relevancia de Prodecon radica en su función como institución que fortalece la relación entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, proporcionando un espacio imparcial para encuentros, acuerdos y construcción de confianza mutua. En suma, Prodecon se presenta como un aliado esencial para los contribuyentes y un elemento clave para mantener el equilibrio y la justicia fiscal.
La Prodecon despliega esfuerzos significativos en la protección de los derechos de los contribuyentes en asuntos fiscales, consolidándose como una entidad de gran utilidad y valor.
Destacando que, desempeña un papel crucial en la protección de los derechos de los contribuyentes. Su propósito es garantizar que los contribuyentes puedan ejercer su derecho a la justicia en materia fiscal a nivel federal. La Prodecon se esfuerza por asegurar que los procesos fiscales sean justos y transparentes, proporcionando asesoramiento y apoyo a los contribuyentes para navegar por el complejo sistema fiscal. La Prodecon es un defensor vital para los contribuyentes, trabajando incansablemente para garantizar que sus derechos sean respetados y protegidos.
Su capacidad para intervenir en el sistema tributario, proponiendo mejoras y modificaciones a las normativas fiscales, así como el emitir criterios jurídicos y proponer medidas correctivas, contribuyen al desarrollo y perfeccionamiento del sistema tributario, fortaleciendo así la seguridad y certeza jurídica para los contribuyentes.
A pesar de centrarse primordialmente en brindar orientación y ayuda a los contribuyentes, Prodecon también colabora estrechamente con abogados en diversas circunstancias. Estos profesionales del derecho han identificado en Prodecon un aliado significativo para respaldar su labor de representación y defensa de sus clientes en asuntos fiscales, especialmente en lo relacionado con la adopción de acuerdos conclusivos.
Dichas funciones hacen de Prodecon una entidad altamente beneficiosa y valiosa para los contribuyentes. En particular, este Ombudsman fiscal desempeña un papel crucial en garantizar la imparcialidad y la justicia en asuntos tributarios, promoviendo la transparencia en la relación entre el gobierno y los contribuyentes. Mereciéndose así el reconocimiento y la plena participación de los contribuyentes. La existencia de Prodecon demuestra el compromiso del Estado de perfeccionar la condición de la justicia tributaria, un derecho al que todos nosotros, como ciudadanos, tenemos acceso. De ahí que, la posición expresada por el presidente ha generado preocupación entre la población y los empresarios, quienes temen que la desaparición de Prodecon tenga repercusiones negativas en la protección de los derechos de los contribuyentes y la transparencia gubernamental, además de suscitar dudas sobre la motivación real detrás de sus críticas.
