Las iniciativas ponen en riesgo la operatividad y la autonomía del Sistema Anticorrupción en la entidad y erosiona la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos
La iniciativa dictaminada el día 25 de agosto por la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción en el Congreso del Estado, pone en riesgo la operatividad no solo del Comité de Participación Social (CPS) sino, del Sistema Anticorrupción en su conjunto, recordando que una de las funciones de quien preside el CPS, es presidir el trabajo de las instituciones que integran el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
Esta iniciativa erosiona la participación ciudadana en los asuntos públicos del estado y atenta contra el trabajo y compromiso que distintos organismos de la sociedad civil, universidades y sector empresarial han realizado desde el año 2017. Como la promulgación de la ley estatal y la vigilancia de nombramientos que en su conjunto posicionaron a Jalisco como un referente en la implementación de mecanismos de combate a la corrupción de una forma transparente y de la mano con la sociedad, muestra de ello se vio reflejado en que la entidad fue la primera en completar todos los nombramientos y ser una de las 15 entidades que hasta el día de hoy tienen aprobada su política estatal anticorrupción.
Es claro que existen áreas de oportunidad para lograr la plena consolidación de un sistema que atienda todas las aristas del fenómeno de la corrupción, aún falta mejorar mecanismos de coordinación, investigación y vinculación, sin embargo, dejar sin contraprestaciones a las y los miembros del CPS sin una justificación que abone al mejor funcionamiento del sistema, es decir: el combate a la corrupción, es intervenir en la operación de un organismo que nació y se conformó desde la sociedad civil organizada. La medida es excesiva y atenta contra la participación ciudadana.
Por ello, desde nuestra institución hacemos un respetuoso llamado a las y los legisladores para abrir espacios de diálogo y entendimiento, pero sobre todo de evaluación, tal como se hizo en el año 2019 con las mesas de trabajo para la reforma 2.0, misma que fue aprobada en comisiones el día de hoy y que Coparmex Jalisco analizará a detalle para emitir una postura institucional con las observaciones y ajustes que se identifiquen, buscando se respeten los puntos que en 2019 se trabajaron de forma conjunta con sociedad civil, academia y sector privado.
Jalisco ha sorteado sus problemas ejemplarmente por la unión que hemos logrado en los últimos años: autoridades, sociedad civil, universidades y sectores empresariales; es momento de consolidar esta fortaleza y apuntalar los esfuerzos en temas que sumen a la resolución de los grandes pendientes nacionales como lo es el combate a la corrupción en todas sus modalidades que afecta a toda la sociedad sin distinciones.
