El día 01 de agosto del 2024 con sede en la Casa ITESO Clavigero, se tuvo el foro de discusión respecto de la Iniciativa de Reforma al Poder Judicial de la Federación, en el cual Coparmex Jalisco, la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Jalisco (BMA), el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados Capítulo Occidente (INCAM), la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Jalisco (ANADE) y el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara fungieron como organizadores y promoventes del foro: “Fortaleciendo la Reforma Judicial: alternativas y soluciones.”
Mesa 1: Idoneidad de los perfiles de personas juzgadoras
Moderadora: Dra. Marysol del Río (ITESO)
Participantes: Mtro. Juan Alberto Ruvalcaba (INCAM) Mtro. Jorge Torres (BMA) Mtro. Carlos Daniel Rojas (ANADE) Dr. Jesús Ibarra Cárdenas (ITESO)
La Dra. Marysol del Río inauguró la sesión enfatizando la importancia de discutir la idoneidad de los perfiles de personas juzgadoras en el contexto de la reciente reforma judicial.
Posteriormente, el Mtro. Juan Alberto Ruvalcaba abordó la Reforma Judicial de 1994, describiéndola como una reforma impositiva que trajo cambios significativos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el sistema de jueces federales. Afirmó que estos jueces, en todos los sentidos, comenzaron a interpretar más allá de lo que la ley les tenía “permitido”. Subrayó que el derecho no es simplemente la ley y que una ley injusta no debe seguirse. Destacó la importancia del actuar contramayoritario de la corte para garantizar un verdadero contrapeso en el sistema judicial. Ruvalcaba enfatizó que la carrera judicial es el verdadero requisito indispensable para cualquier juzgador, argumentando que esta formación es necesaria para ejercer el cargo adecuadamente y debería replicarse en el poder judicial estatal para asegurar juicios certeros. Sin embargo, advirtió que la iniciativa actual atenta contra el principio de división de poderes, poniendo en riesgo la función judicial al dejarla vulnerable ante los poderes fácticos.
Tomó la palabra el Mtro. Carlos Daniel Rojas mismo que argumentó que la iniciativa actual establece una nueva pauta para los juzgadores, reconociendo que estos no son simplemente mecánicos, sino que necesitan un perfil idóneo con capacidad de ponderación e interpretación. Sin embargo, expresó su preocupación sobre el criterio bajo el cual los candidatos serán electos, anticipando que habrá proselitismo y, por ende, será difícilmente el perfil idóneo del juzgador. Rojas prevé un proceso complicado debido a los obstáculos existentes para asegurar certeza democrática en la elección de quienes ocupan estos puestos. Expresa la importancia de mantener un estado de derecho ya que el mismo es fundamental para el actuar de las empresas y la vida comercial en el país. En su opinión, la reforma judicial es contradictoria en sí misma y requiere revisión para ser efectiva.
A su vez, el Dr. Jesús Ibarra Cárdenas planteó dos preguntas clave sobre las diferencias entre el perfil idóneo actual y el presentado en la iniciativa de reforma, y por qué el perfil actual podría ser mejor que el propuesto. Describió dos perfiles contrastantes: el juez populista, que pone las instituciones jurídicas al servicio de los desfavorecidos y deja de lado los intereses elitistas, y el juez democrático, que prioriza los derechos constitucionales por encima de cualquier poder o soberanía. Ibarra explicó que el juez populista representa la soberanía popular, atendiendo a las necesidades populares y permitiendo el proyecto del pueblo, mientras que el juez democrático es independiente e imparcial, sin representar intereses específicos. Finalmente, advirtió sobre el abuso de poder en la iniciativa, señalando que no respetar las garantías fundamentales viola las necesidades generales.
Finalmente, el Mtro. Jorge Torres identificó dos grandes retos para el gremio de abogados: la falta de comunicación al pueblo sobre la trascendencia del juez y su función, y la necesidad de interpretar la experiencia colectiva con el poder judicial dejando a un lado la experiencia individual. Explicó que, según la constitución, solo una sentencia puede privar a alguien de un derecho adquirido, lo que subraya la necesidad de un perfil idóneo en los jueces para garantizar esta protección. Torres defendió al Poder Judicial de la Federación (PJF) como la mejor parte del sistema de justicia mexicano, resaltando especialmente a los jueces de distrito, quienes con sus decisiones garantizan los derechos de todos los individuos afectados. Reconoció que el sistema de justicia está fracturado, pero no es inservible; es selectivo y varía por territorios, lo que requiere una solución de fondo para ser efectivo para todos.
Conclusiones:
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Mtro. Juan Alberto Ruvalcaba (INCAM):
Mtro. Jorge Torres (BMA):
Mtro. Carlos Daniel Rojas (ANADE):
Dr. Jesus Ibarra Cardenas (ITESO):
Como moderadora funge la Dra. Marysol del Río (ITESO).
Mesa 2: Régimen disciplinario del Poder Judicial de la Federación.
Moderadora: Dra. Enriqueta Benítez (ITESO)
Participantes: Mtra. Susana Camacho (México Evalúa) Mtro. Elías Gamiz (ANADE) Dr. Ernesto López (INCAM) Lic. Patricio Varela (BMA)
La Dra. Enriqueta Benítez inauguró la sesión, destacando la relevancia del régimen disciplinario del Poder Judicial de la Federación y la necesidad de evaluar las propuestas contenidas en la reciente reforma judicial.
Empezó a comentar la Mtra. Susana Camacho señaló que uno de los puntos medulares de esta reforma es el tema disciplinario, específicamente el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) propuesto en la iniciativa. Camacho argumentó que este tribunal puede ser un mecanismo para socavar a los jueces en sus funciones mediante sanciones y amenazas constantes, lo que impactaría negativamente en la imparcialidad de los jueces. Explicó que el TDJ, conforme a sus facultades, podría modificar las sentencias emitidas por los jueces, concentrando el poder en cinco individuos y ejerciendo una constante arbitrariedad en sus juicios. Camacho criticó la estipulación de plazos y términos para los procesos de justicia, argumentando que esto no es constitucional y puede transgredir los derechos, ya que la dilación de los procesos no siempre es culpa de los juzgadores. En lugar de limitar los plazos, propuso que se estipulen procesos más ágiles para instrumentos como el amparo, lo que permitiría una justicia pronta y efectiva. Subrayó que la reforma es del poder judicial, no del sistema de justicia en general, y enfatizó la necesidad de que la corrupción de los juzgadores tenga consecuencias penales y no solo administrativas. También manifestó la importancia de revisar las fiscalías anticorrupción.
Posterior a la primera intervención, el Mtro. Elías Gamiz defendió la reforma como un esfuerzo para democratizar el poder judicial, permitiendo que el pueblo elija a los juzgadores. Argumentó que la eliminación del Consejo de la Judicatura y su transformación en dos entes no afectaría la disciplina del poder judicial. Sin embargo, Gamiz criticó que los fallos no deberían estar sujetos a una cuarta instancia como lo sería el TDJ. Reconoció la necesidad de un cambio en la revisión de conducta, ya que en los últimos años solo se han sancionado a tres o cuatro jueces, lo cual no es representativo de la realidad. Gamiz advirtió que el TDJ y sus facultades podrían dejar en estado de indefensión a los juzgadores, violando el debido proceso y atentando contra la certeza jurídica de los jueces. Subrayó que las funciones del TDJ estarán influenciadas por quienes propusieron a los magistrados que lo integran, y propuso establecer un recurso efectivo para las resoluciones del tribunal de disciplina.
Como aportación a lo antes mencionado, el Dr. Ernesto López expresó que votar por un cambio popular es una idea seductora, ya que se piensa que la persona elegida actuaría con probidad y rendiría cuentas adecuadamente. Sin embargo, en el electorado mexicano, esta idea no resulta idónea debido a la falta de cercanía y conocimiento de los candidatos. López argumentó que elegir a los jueces de manera democrática no causará una rendición de cuentas efectiva, sino que introducirá más vicios en el actuar del poder judicial. Destacó que la preparación y la diversidad son garantías de que los miembros del TDJ ejerzan bien sus funciones, algo que no se prevé en la reforma, ya que no hay pruebas para quienes busquen este puesto y no hay diversidad, ya que los candidatos serán propuestos por un solo ente. Subrayó la importancia de contar con perfiles de orígenes diversos para que el poder judicial sea verdaderamente imparcial.
Finalmente, el Lic. Patricio Varela describió al TDJ como el nuevo gran inquisidor del poder judicial de la federación, un mecanismo de persecución que podría actuar arbitrariamente, sancionando a todos los funcionarios, incluidos los ministros de la SCJN y los magistrados del TEPJF. Criticó que la responsabilidad del juzgador no puede basarse en conceptos ambiguos como el interés público o el criterio jurisdiccional individual, ya que esto convertiría al TDJ en una arma contra el actuar de los jueces. Varela consideró irreal la idea de que cinco personas puedan vigilar la disciplina de todos los juzgadores del país. Sostuvo que los magistrados de tribunales de alto rango deberían ser juzgadores ascendidos, con experiencia suficiente para adaptarse a las necesidades del cargo, garantizando los derechos adquiridos de los juzgadores. Advirtió que los jueces podrían temer ejercer su función como deben y en su lugar actuarían para satisfacer los requisitos impuestos. Remarcó la importancia de apelar a las decisiones del TDJ.
Conclusiones:
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Mtra. Susana Camacho (México Evalúa):
Mtro. Elias Gamiz (ANADE):
Dr. Ernesto López (INCAM):
Lic. Patricio Varela (BMA):
Como moderadora funge la Dra. Enriqueta Benítez (ITESO).
Mesa 3: Integración y Organización de la Suprema Corte
Moderadora: Dra. Claudia Estrada (ITESO)
Participantes:
Magistrada Claudia Curiel (PJF)
Mtra. Berenice Gudiño (INCAM)
Mtro. Francisco Rodríguez (BMA)
Mtro. Gerardo Torres (ANADE)
La Dra. Claudia Estrada inauguró la sesión, subrayando la importancia de discutir la integración y organización de la Suprema Corte en el contexto de la reforma judicial propuesta.
A manera de inicio la Magistrada Claudia Curiel explicó que, de acuerdo con la reforma, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya no serán designados, sino elegidos mediante una votación popular simulada. Este proceso no será una elección de candidatos como se conoce actualmente, sino que los candidatos serán preestablecidos, en su mayoría, por el partido oficialista.
Curiel señaló que se propone reducir el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9, junto con otros cambios en su funcionamiento que carecen de sustento, lo que podría retrasar la resolución de casos y dilatar los tiempos de respuesta de la SCJN. Además, las funciones del Presidente de la SCJN se limitarán únicamente a la SCJN debido a la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal.
La Magistrada advirtió que, una vez aprobada la reforma, los transitorios entrarían en vigor inmediatamente, sin un periodo de aplicación gradual, causando perjuicios regresivos al sistema de justicia mexicano y a los juzgadores. Insistió en que un juez debe resolver con compromiso exclusivo a la Constitución, a los Tratados y al Estado de Derecho, sin influencias de terceros. También criticó la reducción del periodo de los ministros de 15 a 12 años, considerando que este cambio está diseñado para alinear los intereses políticos con los periodos de servicio de los jueces.
Aportando a lo anterior, la Mtra. Berenice Gudiño argumentó que la reforma no busca la independencia del poder judicial, sino su subordinación regresiva y amenazante, vulnerando la Carta Magna. Afirmó que esta reforma representa una intromisión en el poder judicial, rompiendo la división de poderes establecida en la Constitución y subordinando las funciones del Poder Judicial al poder ejecutivo.
Gudiño destacó que la división de poderes es fundamental para mantener contrapesos y evitar la concentración del poder en una sola persona, generando un sistema equilibrado. Señaló que la reforma propuesta no solo invade las facultades de los diversos poderes, sino que también crea una justicia subordinada al interés del ejecutivo, poniendo en riesgo tanto los poderes del Estado como al pueblo mexicano.
Acto seguido, el Mtro. Francisco Rodríguez criticó la iniciativa de reforma por priorizar los intereses del pueblo sobre la Constitución, simulando que se actúa en favor del colectivo político en el poder. Señaló que existe un hartazgo ciudadano por la falta de acceso real a la justicia, ya que el derecho se ha vuelto técnico, dificultando que los ciudadanos hagan valer sus derechos.
Rodríguez advirtió que la justicia será administrada por quienes logren impactar publicitariamente, en lugar de los más experimentados, dejando en segundo plano la experiencia judicial cuando prevalecen los intereses del partido en el poder. Afirmó que no se puede permitir que la voluntad del pueblo se considere superior a la Constitución, ya que esto vulneraría la Carta Magna y no cambiaría la situación actual del poder judicial, dejando en duda la verdadera finalidad de la reforma.
Para concluir con la última mesa, el Mtro. Gerardo Torres expresó su preocupación por la elección de ministros mediante voto popular, dado el discurso popular actual. Señaló que, en lugar de haber diversidad en la propuesta de participantes, estos serán impuestos por una sola persona, representando al poder ejecutivo.
Torres también mencionó que la destitución de ministros, magistrados y jueces será problemática debido a la irretroactividad de la ley, recordando que existen precedentes internacionales donde países latinoamericanos han sido condenados por estas prácticas.
Conclusiones:
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Magistrada Claudia Curiel (PJF):
Mtra. Berenice Gudiño (INCAM):
Mtro. Francisco Rodríguez (BMA):
Mtro. Gerardo Torres (ANADE):
Como moderadora funge la Dra. Claudia Estrada (ITESO).
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